Cuando las deudas superan tu capacidad de pago, puede surgir la duda de si “declararse insolvente” es una salida. En realidad, no se trata de un atajo ni de un simple trámite, sino de un procedimiento legal que, en el caso de particulares y autónomos, suele canalizarse a través de la Ley de Segunda Oportunidad y el concurso de acreedores de persona física.
¿Qué significa declararse insolvente?
La insolvencia existe cuando una persona no puede atender regularmente sus obligaciones de pago con sus ingresos y bienes disponibles, en sencillo, no poder pagar tus deudas con los ingresos y bienes que tienes. Ahora Declararse insolvente no consiste en dejar de pagar sin más, sino en acudir al procedimiento legal adecuado para que un juez valore la situación y determine, en su caso, la solución aplicable.
Insolvencia y Ley de Segunda Oportunidad
Para particulares y autónomos, el mecanismo habitual es la Ley de Segunda Oportunidad, que permite cancelar total o parcialmente las deudas cuando se cumplen los requisitos legales. El proceso puede acabar en una exoneración de deudas o en un plan de pagos, según la situación patrimonial y económica del deudor.
Declararse insolvente, como procedimiento ofrece dos caminos, según tu situación: un plan de pagos ajustado a tu capacidad de pago (reestructuración de deudas) o la exoneración directa cuando no tienes bienes ni ingresos para sostener ningún plan (ley de segunda oportunidad).
Requisitos para acogerse
No todas las personas pueden acceder al procedimiento. Debe acreditarse la situación de insolvencia, actuar de buena fe y aportar documentación completa y veraz; además, existen limitaciones vinculadas a determinados antecedentes y a la conducta del deudor durante el proceso.
- No haber ocultado bienes ni haber provocado la insolvencia a propósito o de forma fraudulenta.
- No haber sido condenado por ciertos delitos económicos, contra el patrimonio o contra la Hacienda Pública en los años anteriores.
- Aportar la documentación y la información real que te pidan durante el proceso.
- Que la deuda sea, de verdad, imposible de asumir con tu situación económica actual.
No hay un importe mínimo fijado por ley, aunque el proceso solo compensa cuando la deuda pesa de verdad. En DMD estudiamos casos a partir de 8.000 € de deuda: por debajo de esa cifra, el procedimiento deja de tener sentido económico para el cliente.
Qué deudas pueden cancelarse
La Ley de Segunda Oportunidad permite cancelar muchas deudas privadas, como préstamos personales, tarjetas de crédito, microcréditos o descubiertos bancarios, y también contempla ciertos límites para deuda pública (Hacienda y Seguridad Social) tras la reforma de 2022.
Si tu problema son sobre todo créditos con intereses abusivos, antes de declararte insolvente merece la pena revisar si esas deudas se pueden reducir por otra vía. Los intereses de las tarjetas revolving, por ejemplo, suelen ser anulables, y eso puede bajar bastante lo que debes en total.
Pasos para empezar
El primer paso es revisar si realmente existe insolvencia y si el caso encaja en la Ley de Segunda Oportunidad. Un buen asesoramiento inicial es clave para evitar errores en la solicitud y para valorar si hay otras vías previas, como revisar cláusulas o intereses abusivos.
En DMD Asesores analizamos tu caso sin coste, te decimos si cumples los requisitos y llevamos el procedimiento entero hasta que tus deudas quedan canceladas. El primer paso es una consulta sin compromiso.
